GLPAN propone reducir costos de
arrastre y colocar cámaras en las grúas concesionadas
Con el fin de
eliminar las prácticas de corrupción que durante años se han presentado al
interior de los servicios auxiliares de seguridad vial, infracciones y
sanciones de la Dirección de Tránsito y Vialidad del estado, el diputado Sebastián
Reyes Arellano presentó una iniciativa para regular su funcionamiento.
A nombre del GLPAN,
se propuso reformar los artículos 112 y 159 de la Ley de Tránsito y Seguridad
Vial del Estado de Veracruz que obligarían a las empresas de grúas que prestan
su servicio al estado, a colocar cámaras de video en las unidades de arrastre con
el fin de garantizar la integridad de los vehículos levantados y evitar actos
de corrupción de parte de los operadores.
De igual forma
exime de cubrir el costo de maniobra y arrastre realizado por la grúa oficial,
y el costo derivado de la pensión en el depósito vehicular, a los conductores que no resulten responsables
por la comisión de alguna infracción a la Ley o su reglamento.
Con la iniciativa
presentada, quedará prohibido que el
costo del arrastre del vehículo resulte mayor al costo de la multa impuesta,
evitando así que se cometan sobornos o cualquier tipo de acuerdo financiero que
violente la Ley.
El legislador
recordó que la población tiene una percepción negativa en relación a los
agentes de tránsito y autoridades viales de la entidad, incluyendo a los
operadores de los servicios auxiliares, a los que califican como corruptos.
A eso se suma que
la Ley no regula los costos que imponen las empresas de grúas, muchas veces
exorbitante, mayor a las multas aplicadas por la Dirección de Tránsito y
Vialidad, y casi imposible de pagar para algunas familias veracruzanas.
Las empresas
concesionadas abusan de su poder y utilizan la extorsión a los ciudadanos como
una fuente ilícita de ingresos, incluso mantienen estrategias de arrastre de
vehículos los fines de semana para incrementar los montos por servicio de
depósito vehicular, dijo el diputado.
Sebastián Reyes
hizo un llamado para que todos los grupos legislativos aprueben estas medidas
que implicarían un beneficio directo a la economía y seguridad de los
ciudadanos, así como una estrategia para eliminar la corrupción de los
servicios auxiliares de tránsito.
“El problema de la
desconfianza en la seguridad vial de nuestra Entidad es un asunto que como
legisladores debemos atender, máxime cuando el ciudadano está siendo sujeto a
ciertas arbitrariedades por parte de las autoridades, en las que se supone debería
de prevalecer la honestidad, por ello debemos erradicar la corrupción que
impera dentro del sistema de tránsito”, concluyó.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario